Europa prepara una profunda reforma de la contratación pública: ¿qué cambiará para las empresas?

La Comisión Europea ha presentado una nueva propuesta para modernizar las reglas de contratación pública en la Unión Europea. Menos burocracia, mayor digitalización y un mayor peso de la calidad frente al precio son algunos de los cambios que podrían transformar la forma en la que las empresas participan en las licitaciones públicas. El pasado 9 de septiembre de 2026, la Comisión Europea presentó su propuesta de Public Procurement Act, un nuevo Reglamento destinado a simplificar y modernizar el marco europeo de contratación pública. La contratación de las Administraciones representa cerca del 15 % del PIB de la Unión Europea, por lo que cualquier modificación de estas reglas puede tener un impacto considerable tanto para el sector público como para las empresas licitadoras.

Menos procedimientos y menos burocracia

Una de las principales novedades de la propuesta es la intención de unificar las actuales directivas europeas de contratación pública dentro de un único Reglamento directamente aplicable en toda la Unión Europea.

La Comisión plantea además reducir el número de procedimientos existentes, pasando de cinco a tres, y facilitar determinadas posibilidades de negociación y consulta previa con el mercado.

El objetivo es conseguir procedimientos más sencillos, homogéneos y previsibles para empresas y Administraciones.

Según las estimaciones de la propia Comisión Europea, la reducción de cargas administrativas podría generar alrededor de 649 millones de euros de ahorro anual, de los cuales aproximadamente 570 millones corresponderían a los operadores económicos.

El precio perdería protagonismo frente a la calidad

Probablemente uno de los cambios con mayor impacto para las empresas licitadoras sea el relativo a los criterios de adjudicación.

La propuesta establece como referencia la mejor relación calidad-precio, planteando que los criterios de calidad representen al menos un 30 % de la puntuación total.

En contratos especialmente intensivos en mano de obra, ese porcentaje podría alcanzar al menos el 50 %.

Dentro de esa valoración podrían incluirse aspectos relacionados con:

  • calidad técnica;
  • innovación;
  • sostenibilidad medioambiental;
  • criterios sociales;
  • seguridad y ciberseguridad;
  • resiliencia de las cadenas de suministro;
  • o determinadas preferencias europeas.
Para las empresas, esto supondría que competir exclusivamente mediante una reducción del precio podría tener progresivamente menos importancia frente a la capacidad de presentar propuestas técnicas sólidas y diferenciadas.

¿Qué deben hacer ahora las empresas que trabajan con la Administración?

Por el momento, las reglas actuales continúan vigentes.

Sin embargo, la dirección hacia la que evoluciona la contratación pública es cada vez más clara: mayor digitalización, simplificación administrativa, utilización estratégica de los criterios de adjudicación y una valoración creciente de factores distintos del precio.

Para las empresas que trabajan —o quieren empezar a trabajar— con la Administración Pública, esto refuerza la importancia de identificar con rapidez las oportunidades de contratación y analizar correctamente las condiciones de cada licitación.

En Gestboes continuaremos siguiendo la evolución de esta reforma y las novedades que puedan afectar a las empresas licitadoras, facilitando el acceso a las oportunidades de contratación pública relevantes para cada actividad y territorio.

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